Por Misericordia Chamorro
Concejala de Feminismos y Diversidad
Grupo Municipal Izquierda Unida Rivas – Más Madrid – Verdes Equo
Cada 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, nos obliga detenernos y observar una realidad que sigue mostrando lo mucho que nos queda para mejorar como sociedad. Las violencias machistas siguen presentes, siguen destrozando vidas. Son una estructura que sigue supeditando el día a día de muchas mujeres. A pesar de los esfuerzos legislativos y de los avances sociales, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia de género. No podemos permitir que más generaciones crezcan bajo esta realidad insoportable.
Detrás de cada número hay un proyecto de vida roto, y en muchos casos, hay niños y niñas que sufren esa violencia de forma directa o indirecta. Según datos del Ministerio del Interior, a 31 de mayo de este año existían 1.469 casos de violencia de género con menores expuestos a la violencia vicaria. Víctimas invisibles de un sistema que no les protege como debería.
La violencia vicaria, cuando el agresor utiliza a hijas, hijos o familiares para castigar a la mujer que decide dar un paso adelante, es una de las expresiones más crueles de la violencia machista. El maltratador intenta mantener el control sobre ella, y que esto suceda demuestra un fallo en el sistema judicial y social. Lo decía la psicóloga clínica y perita judicial Sonia Vaccaro ya en 2012, la violencia vicaria es la última estrategia de control del maltratador cuando la mujer decide liberarse. Y en muchas ocasiones hemos podido ver en los casos más impactantes, como la voz de los menores ha sido devaluada o silenciada, como si no fueran seres con derechos.
El estado debe garantizar que ningún niño, niña o adolescente tenga que convivir, visitar o mantener contacto con su maltratador. La protección de la infancia no puede limitarse a un planteamiento sobre el papel, la realidad nos muestra que, aunque existen leyes, aún faltan recursos, coordinación y sobre todo sensibilidad institucional.
La Ley Orgánica 8/2021 de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) supuso un paso adelante, pero su aplicación práctica revela carencias. En esta línea, la reforma anunciada por la ministra Sira Rego, están abordando aspectos claves como, que todos los menores sean escuchados con defensa letrada propia, y que se suspenda automáticamente la patria potestad en casos de condena por violencia machista o vicaria.
Por otro lado, también se trabaja en cómo definir legalmente la violencia institucional, con el objetivo de impedir que teorías sin base científica, como el llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP), se utilicen para retirar la custodia a mujeres que denuncian. Esta mejora de la ley permitirá sancionar a quienes, desde las instituciones, perpetúan la revictimización.
Desde la Concejalía de Feminismos reivindicamos que las administraciones locales, las más cercanas a la ciudadanía, sean espacios seguros y protectores, libres de toda forma de
violencia machista. No basta con denunciar si las instituciones no protegen. Tenemos que seguir avanzando para que la justicia tenga perspectiva de género, con personal formado. Que ninguna víctima sea tratada como sospechosa por denunciar, y que la infancia deje de ser un daño colateral del patriarcado.
El Ayuntamiento de Rivas ha aprobado destinar 33.500 euros a programas de prevención y eliminación de las violencias machistas, dentro del apoyo a la Comisión Técnica del Protocolo Local de Actuación en Violencias Machistas. Estas acciones incluyen la formación en violencia de género para la Policía Local, que ya ha capacitado a 53 agentes entre 2024 y 2025, talleres de autodefensa digital para mujeres, y comisiones técnicas dirigidas al personal municipal. También se refuerzan los Puntos Violeta instalados durante las fiestas, que en mayo atendieron a 665 personas. Además, el Consistorio ha iniciado la elaboración de un protocolo específico para actuar frente a violencias sexuales en los locales de ocio nocturno, con la colaboración de distintas concejalías.
Nosotras no desistimos de recordar al conjunto del Estado su responsabilidad en la erradicación de la violencia vicaria y de todas las formas que adquieren las violencias machistas. Asimismo, señalamos una vez más que es fundamental un cambio de mirada hacia las formas de relacionarnos y tratar a las personas menores de 18 años, tanto en este ámbito como en otros.
La violencia machista no es un asunto privado: es una cuestión política, social y colectiva. Erradicarla exige recursos, formación y voluntad. Y sobre todo, exige compromiso. Porque un maltratador nunca podrá ser un buen padre.
*Recordemos que el teléfono 016 ofrece atención y asesoramiento a las víctimas de violencia machista que deseen dar el paso.
