La sesión plenaria del mes de septiembre se ha iniciado con un minuto de silencio en recuerdo de las 11 mujeres asesinadas por violencia machista desde la celebración del último Pleno.
A continuación, ha comenzado la parte resolutiva de la sesión, que se ha abierto con la toma de conocimiento de la renuncia al acta de concejal de Álvaro Garrucho Díaz-Pavón, tercer integrante de la candidatura del Partido Popular en las últimas elecciones municipales. Esta renuncia activa ahora el procedimiento previsto para la incorporación del siguiente miembro de la lista electoral.
Los primeros asuntos abordados por el Pleno han estado relacionados con las políticas de vivienda y urbanismo. La concejala de Urbanismo y Vivienda, Yasmin Manji, ha sido la encargada de presentar y defender estos expedientes.
El primero de ellos ha correspondido a la aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela destinada a los proyectos Cosmos y Taray, ambos integrados en la iniciativa Cohabita Rivas. La aprobación plenaria permite continuar con la tramitación administrativa de estos proyectos, que ya fue iniciada en el Pleno celebrado el pasado mes de junio.
Cohabita Rivas representa una de las iniciativas municipales destinadas a dar respuesta a las nuevas necesidades habitacionales de las personas mayores. El proyecto apuesta por un modelo de vivienda que incorpora, junto al acceso a un hogar, elementos como la inclusión, la accesibilidad, los cuidados, la autonomía personal y la regeneración urbana, planteando una alternativa habitacional con vocación de futuro para la ciudad.
Desde el Gobierno municipal se ha defendido que las políticas de vivienda deben desarrollarse con medidas concretas y dentro de un marco de seguridad jurídica. En este sentido, los informes correspondientes a los expedientes debatidos han resultado favorables y no se han presentado alegaciones.
Durante el debate, Yasmin Manji ha señalado que “a la derecha y a la extrema derecha lo que les gusta es sólo la iniciativa privada-privada o la que beneficia a los fondos buitre. Cohabita es una colaboración público-cooperativa. Y lo que no les gusta es que se plantee una alternativa no especulativa y comprometida con el apoyo mutuo y los cuidados.”
El estudio de detalle ha sido aprobado con 15 votos a favor de los grupos municipales que forman el gobierno, más la concejala no adscrita, frente a 9 votos en contra del PP y Vox.
El siguiente asunto ha abordado la aplicación en Rivas de la nueva Ley 2/2026, de 11 de junio, de medidas urgentes para el incremento de la Oferta de Vivienda con Protección Pública. En este caso, el Pleno ha optado por una aplicación parcial de las posibilidades que contempla la nueva normativa regional.
La propuesta aprobada permite incrementar la edificabilidad y la densidad exclusivamente en parcelas de titularidad pública destinadas a vivienda protegida. Esta posibilidad se extiende a los terrenos que sean propiedad del Ayuntamiento, de la Comunidad de Madrid o del Estado, así como de organismos, entidades o empresas públicas.
Queda fuera de esta aplicación el suelo de titularidad privada, incluso en aquellos casos en los que pudiera destinarse a la construcción de vivienda protegida mediante fórmulas cooperativas. De este modo, la decisión adoptada por Rivas vincula el incremento de edificabilidad y densidad a los suelos públicos destinados a vivienda protegida y permite, además, incorporar mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones.
El Pleno también ha rechazado la posibilidad de conceder licencias para alojamientos temporales en parcelas calificadas como industriales, otra de las medidas contempladas en la legislación autonómica.
Yasmin Manji ha defendido durante el debate que esta posibilidad no ofrece una respuesta estructural al problema del acceso a la vivienda. “Esta medida recogida en la ley y que hoy rechazamos en el pleno no soluciona el problema estructural de la vivienda sino que solo busca beneficiar a determinados propietarios del suelo en detrimento del conjunto de la ciudadanía”, ha señalado.
Desde el Gobierno municipal se ha insistido en la necesidad de avanzar hacia un modelo que sitúe el derecho a la vivienda por encima de las dinámicas especulativas. En este sentido, Manji ha recordado la situación vivida el día anterior con el desahucio de Maricarmen y ha defendido la necesidad de continuar impulsando medidas para garantizar vivienda asequible en Rivas.
“Hay que dar los pasos necesarios para cambiar el actual modelo y garantizar el derecho a la vivienda y eso se hace con leyes que protejan y blinden este derecho. No puede existir el derecho a especular con la vivienda. No es legítimo, no es justo, no es humano y el desahucio de Maricarmen de ayer es el mayor ejemplo de este sistema fallido”, ha afirmado la concejala.
En el mismo sentido, ha añadido: “El derecho a especular no está en la Constitución; el derecho a una vivienda digna, sí. Ayer le fallamos a Maricarmen. Exigimos vivienda digna para todas las personas y seguiremos impulsando medidas para garantizar vivienda asequible en Rivas, pese a los palos en las ruedas.”
El siguiente expediente ha correspondido a la ratificación de los acuerdos adoptados dentro del proceso de disolución y liquidación del Consorcio Urbanístico Rivas Vaciamadrid, un organismo constituido hace aproximadamente dos décadas para gestionar el desarrollo del ámbito de Mirador Sur.
El Ayuntamiento de Rivas y la Comunidad de Madrid han acordado ejecutar la liquidación y disolución del Consorcio, de manera que los terrenos vuelven a quedar bajo titularidad de la Comunidad de Madrid. El acuerdo permitirá que el futuro del ámbito de Mirador Sur quede vinculado a lo que establezca el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Rivas, cuyo avance contempla actualmente esta zona como espacio verde.
La alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, ha destacado durante el debate la importancia de la coordinación entre administraciones cuando existe voluntad de trabajar conjuntamente en beneficio del interés general y ha subrayado que será el nuevo planeamiento urbanístico el que determine el futuro del ámbito.
“Será el nuevo PGOU quién decida qué sucede” en el Mirador Sur, ha señalado la alcaldesa.
El expediente ha contado con 23 votos favorables y la abstención de la concejala de Vox, quedando así ratificado el acuerdo alcanzado entre ambas administraciones.
Una vez finalizados los expedientes de la parte resolutiva, el Pleno ha abordado las mociones presentadas por los distintos grupos municipales.
La primera de ellas ha sido presentada por nuestro Grupo Municipal Izquierda Unida Rivas – Más Madrid – Verdes Equo, con la adhesión del Grupo Municipal Socialista, y ha estado centrada en la financiación, la transparencia y la mejora del servicio de prevención y extinción de incendios de la Comunidad de Madrid.
El concejal de Hacienda, Jose Luis Alfaro, ha explicado el incremento de la tasa correspondiente al servicio de prevención y extinción de incendios, que pasa de 3 a 3,6 millones de euros para el Ayuntamiento de Rivas. Una subida que, según se ha señalado durante el debate, no viene acompañada de una mejora equivalente de las dotaciones existentes en el municipio.
Rivas continúa siendo, además, la única ciudad de más de 100.000 habitantes de la Comunidad de Madrid que no dispone de parque de bomberos propio.
Alfaro ha cuestionado que sean las vecinas y vecinos quienes tengan que asumir el incremento de esta tasa y ha señalado: “Este ayuntamiento pone en primer lugar el interés de vecinos y vecinas que van a pagar 600.000€ más por la subida de la tasa de incendios de la Comunidad de Madrid. La suma coincide sospechosamente con los 37,8 millones que el TSJM ha condenado al gobierno regional.”
La moción ha sido aprobada con 14 votos a favor, frente a 9 votos en contra de la concejala no adscrita y el Grupo Popular. El Grupo Mixto – Vox se ha abstenido.
A continuación, se ha debatido la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, a la que se ha adherido nuestro Grupo Municipal IU-Más Madrid-Verdes Equo, con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra el próximo 1 de octubre.
La concejala Ángela Vijández ha intervenido en representación de nuestro grupo para reivindicar un modelo de atención a las personas mayores basado en los derechos y en la dignidad, y no en la consideración de los cuidados como una actividad económica más.
“No podemos permitir que los cuidados se conviertan en un negocio, debemos seguir reivindicando un sistema de cuidados que ponga la dignidad en el centro. Los derechos de las personas mayores no pueden seguir esperando otros veinte años a que la Comunidad de Madrid cumpla con sus competencias”, ha defendido.
Rivas cuenta con una población que ha participado activamente en la construcción de la ciudad y que ha contribuido durante décadas a crear sus barrios y su tejido comunitario. En este contexto, se ha vuelto a poner sobre la mesa una reivindicación que acumula ya dos décadas, la construcción de una residencia pública para personas mayores en una parcela municipal cedida a la Comunidad de Madrid para este fin.
El Ayuntamiento de Rivas cedió hace 20 años una parcela situada entre las calles Goya, Gaudí y Miquel Barceló con el objetivo de que la Comunidad de Madrid construyera en ella una residencia pública. La competencia para desarrollar este recurso corresponde al gobierno regional.
La cesión fue posteriormente devuelta por la Comunidad de Madrid y, cuando esto ocurrió, el Ayuntamiento volvió a poner el suelo a disposición de la administración autonómica para el mismo objetivo. Desde el Gobierno municipal se ha insistido, por tanto, en que Rivas ha mantenido su disposición a facilitar suelo público para la construcción de una residencia pública.
Ante las afirmaciones realizadas durante el debate sobre esta cuestión, la alcaldesa Aída Castillejo ha querido aclarar la situación administrativa existente: “las administraciones nos comunicamos con actos administrativos, no con titulares en los medios de comunicación. No existe por parte de este ayuntamiento una denegación de la parcela destinada a la residencia, como no existe ningún acto administrativo por parte de la Comunidad de Madrid que demuestre el interés por construir esa residencia.”
La siguiente moción ha sido la presentada por el Grupo Municipal Vox para la defensa de la españolidad de Ceuta y Melilla y de la soberanía, independencia e integridad territorial de España. La iniciativa no ha salido adelante.
Yasmin Manji ha sido la encargada de responder a la propuesta, trasladando en primer lugar la solidaridad con la población de Ceuta y poniendo el foco en la dimensión humanitaria de la situación.
“La situación vivida en Ceuta es una emergencia de enorme gravedad humana, social e institucional. Esta solidaridad con Ceuta es compatible con la defensa de los DD.HH. y con la protección de las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de Protección Internacional, y especialmente de los niños y las niñas que se encuentran sin protección familiar.”
Desde nuestro grupo se ha trasladado nuestra solidaridad al conjunto del pueblo de Ceuta, y se ha defendido que una situación de emergencia humanitaria debe abordarse desde la protección de los derechos humanos y la atención a las personas afectadas. Pero se ha insistido en que una situación de emergencia humanitaria no puede convertirse en combustible electoral, extendiendo discursos racistas, xenófobos y antiinmigración.
Por último, la concejala no adscrita ha presentado una moción para poner en marcha en Rivas un programa piloto de devolución e incentivo al reciclaje de envases.
El concejal de Innovación y Modernización y consejero delegado de Rivamadrid, Manuel Castro, ha valorado la propuesta y el debate generado en torno a la mejora de los sistemas de reciclaje, aunque ha explicado las razones por las que, en este momento, no resulta viable implantar en la ciudad el programa planteado, motivo por el que la moción no ha sido aprobada.
Castro ha recordado que la recogida selectiva constituye una obligación y que el marco normativo actual exige seguir avanzando en la reducción de residuos, especialmente de los plásticos y de los envases de un solo uso.
“La cuestión selectiva no es voluntaria, es obligatoria, y beneficia al conjunto de la comunidad. La ley 7/2022 nos obliga a avanzar en la reducción de plásticos y propone restricciones a envases de un sólo uso. Es necesario encontrar la fórmula que permita conjugar la reducción y que afine la recogida selectiva, pero con una implantación real en el territorio.”
En este ámbito, Rivamadrid continuará desarrollando actuaciones relacionadas con la educación ambiental, la mejora de los sistemas de recogida, el control de impropios y el refuerzo de los mecanismos existentes para avanzar en el cumplimiento de la normativa y mejorar la gestión de los residuos en la ciudad.
Con este último debate ha concluido la parte resolutiva de la sesión plenaria de septiembre.
